PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su beneplácito por el inicio del juicio por el asesinato del joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, que tuviera lugar el día el 20 de octubre de 2010 en el marco de una protesta de trabajadores/as del ferrocarril Roca.
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El día lunes 6 de agosto del corriente año comenzó el juicio oral por el asesinato del joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra que tuviera lugar el 20 de octubre de 2010, cuando fue atacado mientras -junto con otros/as militantes del Partido Obrero- participaban de una protesta de los trabajadores/as tercerizados/as del ferrocarril Roca en el barrio de Barracas.
El joven militante fue asesinado con un tiro en el estómago. Durante el mismo hecho también fueron heridos de bala Elsa Rodríguez, Pablo Pintos y Nelson Aguirre.
El juicio se realiza ante el Tribunal Oral 21 de la Capital, integrado por los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi, y en total tiene 17 imputados: el histórico titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza y el Secretario Administrativo del mencionado sindicato, Juan Carlos Fernández, a quienes se los acusa de poseer una motivación política para «aleccionar» a los/as trabajadores/as tercerizados/as en el marco de un «plan criminal» por ellos diseñado, ya que el ingreso de los/as trabajadores/as tercerizados/as a la planta permanente amanazaría la hegemonía de la Unión Ferroviaria como sidicato. Las imputaciones que poseen por homicidio calificado pueden derivar en condenas a prisión perpetua.
Por su parte, las acusaciones a los ocho supuestos miembros de la patota ferroviaria que atacó al militante del Partido Obrero son: a Cristian “Harry” Favale, ajeno al sindicato, y el guarda Gabriel Sánchez, se los acusa de haber disparado. Al portero del taller de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez y al picaboletos Guillermo Uño, de recoger las armas para ocultarlas. Al delegado Jorge González y a Salvador Pipitó se los acusa de amenazar al equipo de C5N para evitar que filmara. Claudio Alcorcel, otro delegado, aparece como reclutador, y Pablo Díaz, Secretario de Reclamos del gremio, como el coordinador de la fuerza de choque, que además mantenía contacto con el Juan Carlos Fernández, que estaba en la sede de la Unión Ferroviaria con Pedraza.
Asimismo, los siete policías -que habrían liberado la zona para que actuara esa patota- se encuentran acusados por el delito de abandono de persona agravado seguido de muerte y agravado por daño a la salud, en el que está incluido el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tiene una pena de hasta 15 años de prisión. Se trata de Hugo Lompizano, ex comisario y ex titular de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal; Jorge Raúl Ferreyra, ex comisario de la División Roca; Luis Alberto Echevarría, segundo de Lompizano; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la comisaría 30; Luis Mansilla, comisario inspector jefe del Departamento de Control de Líneas, y David Villalba, agente de la División Exteriores de Video.
En la convicción de que el inicio del juicio en cuestión no sólo traerá como consecuencia el esclarecimiento del asesinato del Mariano Ferreyra, sino también contribuirá a la condena de una forma de proceder de algunos dirigentes sindicales, cuyo accionar pone en evidencia que sus intereses tienen más que ver con un sindicalismo empresarial, cómplice de la precarización laboral y la tercerización, más que con la defensa real de los derechos de los/as trabajadores/as.
Por los motivos expuestos, solicito la pronta aprobación del presente proyecto.